El Tribunal Constitucional abre la puerta para discutir el retiro anticipado de pensiones

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La Segunda Sala del Tribunal Constitucional (TC) declaró admisible el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que le remitió la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que envió los antecedentes tras la petición de la profesora de Antofagasta, María Angélica Ojeda, quien solicitó retirar sus ahorros previsionales desde su AFP a fin de pagar su crédito hipotecario.

La decisión unánime de la sala -integrada por la presidenta del TC María Luisa Brahm y los ministros Gonzalo GarcíaCristián LetelierNelson Pozo y Miguel Ángel Fernández-, anunciada a las 13:45 horas de este martes 15 de octubre, abre la puerta para que el TC revise el fondo de la petición de Ojeda. Un hecho que ha provocado un debate político y jurídico debido a que podría activar otros casos similiares.

La resolución implica un primer paso, por lo que ahora la Segunda Sala debe remitir al Pleno del TC los antecedentes para que fijen la vista de la causa -es decir, que la pongan en tabla- y escuchen los alegatos de las partes.

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La profesora Ojeda tiene un ahorro de poco más de $ 46 millones de pesos y recibe $ 185 mil al mes de pensión, en circunstancias de que su último salario antes de retirarse era de $ un millón 200 mil.

En la causa ya se hizo parte la AFP Cuprum, que administra los ahorros de Ojeda a través del abogado Jorge Correa Sutil, quien fue ministro del Tribunal Constitucional entre 2003 y 2006. 

El caso de Ojeda es el segundo que llega al TC, pues la Corte de Apelaciones de Punta Arenas también envió el recurso que interpuso Beatriz Valenzuela, enfermera jubilada, el que fue acogido a trámite y del pronto se analizará su admisibilidad. En esta causa, el tribunal dio 10 días de plazo que los intervinientes se hagan parte, es decir, el mismo procedimiento que tuvo el caso de Ojeda.

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Hasta ahora, el único caso similar que ha visto el TC fue en 2001, cuando la instancia, que era presidida por el ministro Juan Colombo, analizó un requerimiento que presentaron 14 senadores de la entonces Alianza por Chile (hoy Chile Vamos).

Esa vez, el TC acogió la impugación de los parlamentarios -quienes fueron representados jurídicamente por el actual canciller Teodoro Ribera– al proyecto de rentas vitalicias -que patrocinaba el Gobierno- debido a que consideraron que atentaba contra la propiedad privada.

Debate legislativosubir

Más allá de los casos ventilados en tribunales, que simultáneamente se esté tramitando un proyecto de reforma previsional abre una oportunidad para incluir alguna fórmula que permita a los ahorrantes acceder a sus fondos de AFP con fines distintos a la pensión.

Esto quedó claro con las declaraciones del Presidente Sebastián Piñera, quien en una entrevista en Cooperativa el pasado lunes 14, dijo que hay «casos excepcionales en que se justifica el retiro de fondos», aludiendo a la realidad de los enfermos terminales. De este modo, el Mandatario recogió un tema que ya había sido levantado en el debate legislativo de la reforma de pensiones y que cuenta con respaldo transversal.

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Las declaraciones sorprendieron al ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, quien en entrevista con PAUTA (antes de conocerse los dichos del Presidente) dijo no ser partidario del retiro de dineros de la pensión para pagar créditos hipotecarios o en caso de enfermedades terminales, y precisó que ese tema «no está en nuestra idea ni en el proyecto de ley».

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, también tuvo que modificar su visión original contraria al retiro de fondos y ahora admitió que el Ejecutivo está estudiando abrir esa opción «para casos excepcionalísimos» como el de quienes se encuentran en fase terminal de una enfermedad.

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El tema de los enfermos terminales y sus ahorros en las AFP surgió formalmente en la última sesión de la Comisión de Hacienda, cuando en el debate quedó en evidencia que tanto parlamentarios opositores como del oficialismo coincidían que era una materia que debía estudiarse.

El proyecto previsional del Ejecutivo incluye una propuesta que permite a quienes no jubilen a la edad legal (60 años para las mujeres y 65 para los hombres) puedan retirar parte de sus ahorros y usarlos para el fin que estimen conveniente.

La propuesta, que ya fue aprobada por las Comisiones de Trabajo y de Hacienda de la Cámara de Diputados, autoriza a estas personas a retirar una vez al año la mitad de la diferencia de saldo necesario para recibir la pensión que les correspondería si hubiera jubilado a la edad legal. De esta forma, dicen las autoridades, no se afecta la futura pensión.

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