Comisión de Constitución del senado aprueba idea de legislar sobre rebaja de la dieta parlamentaria

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Por unanimidad, la Comisión de Constitución aprobó en general el proyecto de reforma constitucional, en segundo trámite, que busca determinar por ley el monto de la dieta parlamentaria.

Los senadores Felipe Harboe, presidente de la instancia; Andrés Allamand, Francisco Huenchumilla, Víctor Pérez Varela y Alfonso de Urresti, coincidieron en la necesidad de legislar para fijar las estructuras remuneracionales de las autoridades políticas y miembros del parlamento.

No obstante, aclararon que el texto legal que llegó de la Cámara requiere de profundos perfeccionamientos puesto que tal como está redactado generaría consecuencias negativas en las estructuras de sueldos de la administración pública y en las carreras de unos 12 mil funcionarios y funcionarias, incluyendo a fiscales, jueces y ministros de la Corte Suprema . (Revise la sesión de la Comisión)

Al respecto, el ministro de la Segpres, Felipe Ward anticipó que el Ejecutivo presentará durante el debate en particular una indicación que recoja lo diversos perfeccionamientos.

Los parlamentarios escucharon a representantes de las diversas asociaciones de funcionarios del sector público, así como al Fiscal Nacional, a ministros de la Corte Suprema encabezados por su presidente Guillermo Silva y a 4 constitucionalistas: Carlos Carmona, Luis Cordero, Arturo Fermandois y Sebastián Soto.

La mayoría de los invitados advirtieron la necesidad de introducir una serie de perfeccionamientos y afinar la técnica legislativa para conseguir el objetivo del proyecto de acortar las brechas remuneracionales.

ARGUMENTACIONES

El senador Harboe  afirmó  que “no somos los legisladores quienes nos fijamos la dieta sino que hay norma constitucional que la homologa a los ministros de Estado. Por lo tanto, hay que hacer un cambio relevante en la dieta pero también en las remuneraciones de autoridades políticas y miembros parlamento” dijo y recalcó que “en ningún caso este cambio es extensible al ministros del poder judicial, fiscales u otros funcionarios.

Asimismo, hizo presente su preocupación “por la mala calidad del proyecto que fue aprobado en la Cámara. Es un proyecto de aplauso fácil pero que genera consecuencias a más de 112 mil funcionarios que podrían verse afectados en sus remuneraciones”. Asimismo manifestó su extrañeza porque en el trámite de la Cámara “no se haya escuchado a ningún constitucionalista “.

A su turno, el senador Pérez Varela, explicó que “tras escuchar a expositores organizaciones gremiales, Presidente de la Corte Suprema y profesores  de derecho constitucional todos coinciden en que este es un muy mal proyecto y no resuelve el tema de fondo”.

Agregó que “muy por el contrario genera un  marco de incertidumbre, dificultades y ahora recae en el Senado una modificación sustancial del texto legal”.

 El senador Allamand coincidió en que “la iniciativa debe acotarse a los cargos parlamentarios, ministros de Estado y no al resto de las autoridades incluidas por las múltiples razones que han dado a conocer los propios invitados”. Agregó además que “estamos frente a una iniciativa muy defectuosa”.

El senador De Urresti, aseveró que comparte  “el objetivo de proyecto de fijar las estructuras de las remuneraciones públicas y por qué no decirlo también de las privadas para acortar las brechas y creo que el parlamento puede dar una señal en ese sentido”. No obstante, reconoció que quedó «preocupado por las opiniones de los constitucionalistas y me llama la atención que en la Cámara de Diputados no hayan sido convocados».

Finalmente, el senador Huenchumilla expresó que “la idea de legislar se enmarca en un problema político que tenemos en el país por la desigualdad de los ingresos y que abarca sector público y privado”. Añadió que “me parece que hay que apoyar la idea de legislar pero vamos a requerir de una técnica legislativa muy refinada para acotar y precisar el texto legal”.

En lo fundamental el texto de la iniciativa que cumple su segundo trámite constitucional establece que «son públicas las remuneraciones y dietas de las altas autoridades y jefaturas de la administración pública»; y propone la creación de una comisión integrada por representantes del Consejo de Alta Dirección Pública, del Banco Central y un miembro designado por el Presidente de la República, para fijar cada cuatro años los montos de las remuneraciones para diputados, senadores y otros altos cargos públicos.

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