Tras dos años y medio de debate parlamentario y luego del rechazo del Tribunal Constitucional – por seis votos contra cuatro- a los requerimientos de inconstitucionalidad presentados por algunos legisladores, respecto de las normas del proyecto de Ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales; finalmente, la iniciativa presentada por el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet queda en condiciones de promulgarse como Ley.
La Directora Regional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, SernamEG, María Francisca Rojas Covarrubias, afirmó: «como Gobierno estamos muy conformes con la votación, porque claramente podemos afirmar que este es un avance real para las mujeres, que ofrece respeto a la voluntad y a los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres en circunstancias complejas y dolorosas. Recordemos que este es un compromiso de la Presidenta Michelle Bachelet y que la ciudadanía ha respaldado desde un comienzo, con una aprobación en las encuestas que no bajo nunca de un 70%».
La futura ley de interrupción del embarazo por tres causales – en casos de riesgo vital de la madre; en que el embrión o feto padezca alteraciones estructurales congénitas o genéticas incompatibles con la vida extrauterina; y cuando sea producto de una violación- contempla un proceso de acompañamiento e información, el que se le ofrecerá a las mujeres tanto en su proceso de discernimiento, como después de que tomen su decisión, lo cual incluye el tiempo posterior al parto o la interrupción del embarazo, con prestaciones de salud y de programas sociales que sean necesarios.
El acompañamiento incluirá acciones de acogida y apoyo biopsicosocial ante la confirmación del diagnóstico o en cualquier otro momento del proceso. En caso de que la mujer decida continuar con su embarazo, también se le entregará información pertinente a la condición de salud y activación de redes de apoyo.
La elaboración del proyecto de ley fue el fruto de un trabajo coordinado entre los ministerios de Salud, de Justicia, de la Mujer y la Equidad de Género y la Secretaria General de la Presidencia; asimismo, el debate que se generó desde que fue presentado a trámite en el Congreso permitió escuchar a más de 68 organizaciones y expertas/os. El miércoles 2 de agosto de 2017, el proyecto culminó su tramitación legislativa, el informe de la comisión mixta fue aprobado en la Sala de la Cámara de Diputados por 70 votos a favor, 45 votos en contra y 1 abstención; finalmente, en el Senado se aprobó por 22 votos a favor y 13 en contra. Al respecto, María Francisca Rojas Covarrubias sostuvo que «este es un proyecto que se fue fortaleciendo a lo largo de su tramitación y, en ese sentido, como Gobierno agradecemos todos los aportes y opiniones que se expresaron en las distintas instancias de debate democrático».
La Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Claudia Pascual Grau, junto a la Ministra Secretaria de Gobierno, Paula Narváez Ojeda; la Ministra de Salud, Carmen Castillo Taucher y al Subsecretario de la Presidencia, Gabriel de la Fuente Acuña, asistieron a los alegatos que se llevaron a cabo en el Tribunal Constitucional. Por el Gobierno, alegó ante los Ministros del Tribunal el abogado penalista Luis Alfredo Etcheberry Orthusteguy.
