Este martes por la tarde, la justicia puso fin a uno de los casos más emblemáticos de corrupción pública en la región de Aysén, un episodio que remeció a la comunidad durante el estallido social de 2019. Dos oficiales de Carabineros fueron sentenciados por obstruir una investigación que mantuvo injustamente detenido a un joven estudiante, Martín Sanhueza Mascareño, quien fue acusado erróneamente de lanzar un proyectil contra un funcionario policial en una protesta en la avenida Ogana de Coyhaique.
El ex Prefecto de Carabineros de Aysén, Coronel Pablo Capetillo Contreras, recibió una condena de 700 días de prisión, mientras que el Capitán Juan Fuentes Fuentealba, ex jefe de Fuerzas Especiales, fue sentenciado a 300 días de presidio menor en su grado mínimo. Ambos podrán cumplir sus penas en libertad, debido a que no se trata de crímenes y a su conducta anterior considerada «irreprochable».
El caso, que duró varias semanas en juicio oral, dejó al descubierto una trama preocupante. Por órdenes del ex coronel Capetillo, se ocultó un video clave que demostraba la inocencia de Martín Sanhueza. Pese a tener esta evidencia, se insistió en mantener la acusación, lo que llevó a la Fiscalía a formalizar erróneamente al joven por maltrato de obra a carabineros con resultado de lesiones graves. Martín estuvo cinco días en prisión preventiva, hasta que el Ministerio Público descubrió la manipulación de los antecedentes.
El fiscal Luis González Aracena, de la Fiscalía Regional de Aysén, fue claro al señalar la gravedad de los hechos: “Se ocultó un video que demostraba la inocencia del estudiante. Esto no solo afectó a Martín, sino que también erosionó la confianza en las instituciones”.
En el juicio, participaron como querellantes el Consejo de Defensa del Estado, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el abogado Marcelo Rodríguez, quien representó a Martín Sanhueza. Este caso no solo expuso un acto de corrupción, sino que también dejó en evidencia las vulnerabilidades del sistema y el impacto que estas acciones tienen en la vida de las personas.
Para Martín, este episodio fue una pesadilla que lo marcó profundamente. Sin embargo, la sentencia de este martes representa un paso hacia la justicia y la reparación. Aunque las condenas puedan parecer leves para algunos, este fallo envía un mensaje claro: la obstrucción a la justicia y la manipulación de pruebas no pueden quedar impunes.
Este caso, ocurrido en noviembre de 2019, sigue siendo un recordatorio de la importancia de la transparencia y la integridad en las instituciones públicas. Para la comunidad de Aysén, es un llamado a no olvidar y a seguir luchando por un sistema que proteja los derechos de todos y todas.
