El Juzgado de Garantía de Coyhaique dejó hoy –jueves 20 de noviembre– sujeto a la medida cautelar de arraigo nacional al exconcejal de la Municipalidad de Coyhaique Franklin Robinson Hernández de Rays, imputado por el Ministerio Público como autor del delito de malversación de caudales públicos.
En la audiencia de formalización, el magistrado Mario Devaud Ojeda acogió la cautelar solicitada por el Ministerio Público y el allanamiento de los querellantes Consejo de Defensa del Estado y Municipalidad de Coyhaique, por considerarla apropiada y proporcional a los fines del procedimiento. Además, fijó en 120 días el plazo de investigación.
Según el ente persecutor, entre 2018 y 2023, el municipio de Coyhaique aprobó el pago de bonos a asistentes de la educación, pese a que la Contraloría General de la República había determinado que la bonificación compensatoria, prevista en la Ley 20.717, no correspondía a los asistentes de la educación afectos al Código del Trabajo.
No obstante, autoridades y funcionarios municipales promovieron demandas laborales y avenimientos para reconocer dicho pago como una “cláusula tácita”, lo que se concretó mediante acuerdos del Concejo Municipal, decretos de alcaldía y pagos con cargo a recursos públicos, incluso después de oficios de la Contraloría Regional (2020), que reiteraron la improcedencia de las bonificaciones, que alcanzaron a la cifra de $395.772.304.
En septiembre pasado, en la causa se formalizó investigación por malversación de caudales públicos en contra del alcalde de la comuna a la época de los hechos, Alejandro Huala Canumán, y de los exconcejales Ximena Carrasco Hauenstein, Patricio Adio Ojeda y Georgina Calisto Villarroel; el actual concejal Ricardo Alejandro Cantín Beyer y el exasesor jurídico municipal Waldemar Sanhueza Quiniyao, imputados por el Ministerio Público como autores del delito, y quienes también quedaron con la medida cautelar de arraigo nacional.
