Como un proyecto de ley que representa un avance en pluralismo, transversalidad y representatividad de la institución que tiene a su cargo la promoción y protección de los derechos de todos, calificó la seremi de Justicia y Derechos Humanos Andrea Ponce Olivares el proyecto que busca reformar el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
Esta iniciativa que es impulsada por el Gobierno, busca modificar las atribuciones y la estructura del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), incluida la eliminación de su facultad para presentar querellas criminales.
Respecto a esta reforma, la seremi Andrea Ponce indicó que “esta propuesta es un avance en mejoramiento institucional, contribuyendo a construir una institución que goce de prestigio, confianza y transversalidad como Gobierno del Presidente José Antonio Kast, estamos impulsando una reforma que busca fortalecer al Instituto Nacional de Derechos Humanos, dotándolo de una estructura más moderna, eficiente y representativa, queremos una institución que genere confianza, que actúe con independencia y transversalidad, y que sea reconocida por todos los chilenos. Los Derechos Humanos son de todas las personas, sin distinciones políticas ni ideológicas, y por eso es fundamental contar con un organismo que concentre sus esfuerzos en la promoción y protección de estos derechos, con atribuciones claras y respetando las funciones que corresponden a otras instituciones del Estado”.
Cabe mencionar que el proyecto, además propone reducir de once a cinco los integrantes del Consejo del INDH, y crear una Dirección Ejecutiva encargada de la administración y funcionamiento del organismo. Ahora, uno de los cambios más relevantes apunta a sus facultades judiciales, ya que busca reemplazar la posibilidad de presentar querellas criminales, por una atribución de denuncia institucional ante las autoridades competentes. Sin embargo, el INDH mantendría la facultad de interponer recursos de amparo y protección.
Finalmente, la autoridad regional indicó con la presentación de este proyecto de ley, el Gobierno da un paso más en un diálogo iniciado hace meses en el Congreso Nacional, y que busca una mejor institucionalidad de derechos humanos en el país.
